El diputado del PRI Fausto Zamorano Esparza presentó una Iniciativa de reformas legales para tipificar y sancionar la intimidación electoral, con el objeto de enviar un mensaje contundente de que este tipo de prácticas no serán toleradas en una sociedad democrática y pluralista.
El legislador presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México el proyecto de reformas a diversas disposiciones de la Ley Procesal Electoral y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambos de la ciudad de México.
En el documento se destaca que durante el presente proceso electoral hemos sido testigos de un preocupante deterioro en el ambiente político, marcado por intimidaciones y actos de violencia; se han presenciado casos alarmantes de actores políticos que han recurrido a tácticas de intimidación y violencia para silenciar a sus oponentes políticos, y socavar el ejercicio libre y equitativo de la democracia.
En este sentido, el representante popular señala que la intimidación y la violencia político-electoral atentan contra la integridad física y psicológica de los candidatos afectados, y representan una afrenta a los principios fundamentales de igualdad, libertad y justicia que sustentan nuestro sistema democrático.
Estas acciones antidemocráticas, añade, distorsionan el juego limpio y equitativo en la contienda electoral, socavando la legitimidad de los resultados electorales y debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, por lo que resulta inaceptable que en una sociedad democrática como la nuestra, algunos actores políticos recurran a la intimidación y la violencia para obstaculizar la participación de sus oponentes en la contienda electoral.
Zamorano Esparza sostuvo que combatir la intimidación electoral es fundamental para avanzar hacia una ciudad donde se respeten plenamente los derechos político-electorales de todas y todos los ciudadanos, así como para asegurar elecciones limpias y libres de violencia.
En la propuesta se establece que se entenderá por intimidación electoral “cualquier acción destinada a coaccionar, intimidar o amenazar a candidatos con el propósito de impedir el ejercicio legítimo de sus derechos políticos-electorales, tales como el proselitismo.
“Este acto puede manifestarse a través de amenazas verbales, físicas, psicológicas, acoso, violencia, obstrucción de acceso a eventos públicos y/o actividades proselitistas, daño a la propiedad, o cualquier otro medio que genere un ambiente de temor o coacción que afecte el normal desarrollo del proceso electoral”.
De la misma manera se asienta que cualquier acción llevada a cabo durante el período de campaña, que sea considerada como intimidación electoral, según lo definido por la ley, será sancionada de conformidad con la legislación electoral vigente. En este sentido, las autoridades electorales estarán facultadas para investigar, procesar y sancionar las conductas que constituyan intimidación electoral, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley Procesal y las disposiciones legales y electorales aplicables.
La Iniciativa se turnó para la su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales.